La Ley de Movilidad en Quintana Roo prohíbe el pago en efectivo y estrictas condiciones para que los vehículos puedan operar.
Uber ha amenazado con suspender sus operaciones y Cabify pide un proceso participativo.
Uber estaba luchando por quedarse en Quintana Roo a pesar de los problemas. El servicio de transporte privado denunció que se estaban llevando a cabo detenciones, algunas de ellas violentas, contra los conductores de la plataforma. Exigían una Ley de Movilidad que regulara su servicio en la turística ciudad y así evitar los conflictos con los taxistas. Meses después de pedir una regulación, parece que al fin está a punto de llegar, pero no cómo la compañía esperaba.
La Ley de Movilidad de Quintana Roo propuesta en el Congreso plantea dos puntos con los que Uber está completamente en desacuerdo: la prohibición para pagar en efectivo y los requisitos para ser socio conductor. Los puntos, "van en contra de los principios de la economía colaborativa y que afectarán de manera drástica a los usuarios y socios conductores", afirmó Federico Ranero, director general de Uber México, en comunicado dirigido al gobernador Carlos Joaquín González.
Los requerimientos propuestos por los legisladores para que un vehículo opere en la plataforma es que tenga un valor mínimo de 220.000 pesos y que no sobrepase los cuatro años de antigüedad. Según Uber, estas condiciones "exageradas" provocarían que el 83% de los conductores no pueda autoemplearse. Asimismo, la nueva ley obligaría que las personas que no sean nativas de Quintana Roo necesiten por lo menos dos años de residencia en el estado.
El segundo aspecto se refiere al pago del servicio, el cual se obligaría a realizar a través de una tarjeta de crédito. Las personas que por necesidad o por preferencia quisieran pagar en efectivo no podrían utilizar servicios de transporte privado como Uber. Federico Ranero apunta a que, de aprobarse la Ley de Movilidad, 49.000 usuarios tendrían limitado el acceso a la aplicación en el estado. Las condiciones posiblemente impuestas en la nueva regulación no suponen solamente el rechazo de Uber, también podría ser el motivo por el cual el servicio de transporte privado abandonara sus operaciones en Quintana Roo.
"Analizando en profundidad esta iniciativa, y de aprobarse en sus términos, en Uber nos veríamos en la necesidad de suspender nuestra operación en el estado", alertó el director general en México.
La Ley de Movilidad está siendo discutida por el Congreso de Quintana Roo y todavía podría dar un nuevo giro para atender a las necesidades de empresas como Uber. Sin embargo, por el momento estas medidas son solo una piedra más en el zapato para la plataforma. Desde que llegó a Cancún en septiembre de 2016, los enfrentamientos con los taxistas y las detenciones han sido algo problemas comunes para los socios conductores, quienes ahora deben hacer frente a la regulación.
Cabify, el testigo invisible
La Ley de Movilidad tendría un efecto directo en todos los servicios de transporte privado que operen en Quintana Roo. A pesar de que actualmente la compañía no está presente en el estado, están siguiendo de cerca el proceso de esta nueva regulación. En un contexto en el que la economía colaborativa está todavía experimentando cual es el mejor marco regulatorio para operar, estas iniciativas podrían marcar el futuro de las compañías.
"Las entidades federativas deben cada día ser más ágiles al adaptarse a la realidad tecnológica. Sobre todo garantizar la seguridad y bienestar de sus ciudadanos con regulaciones modernas", explica Cabify México en su postura, facilitada a Hipertextual.
Respecto a las polémicas condiciones de la ley, la compañía entiende que la prohibición del pago en efectivo tiene como fin garantizar la seguridad de los usuarios y los conductores por evitar que lleven dinero en efectivo. "Sin embargo, también es una realidad que lamentablemente mucha gente no tiene acceso al sistema bancario".
Es importante considerar un proceso de transición, en el que pueda optarse por medios electrónicos, por ejemplo, las tarjetas de pre-pago.
El beneficio de los ciudadanos es el eje central de la postura de Cabify ante nuevas regulaciones que, aunque innovadoras, pueden cambiar el panorama de la industria en el estado. Ante el reto de conseguir medidas que garanticen la seguridad de los usuarios y promuevan la competencia de los diferentes servicios, la plataforma pone de relieve que este proceso legislativo debe ser incluyente y plural.
"El Congreso deberá privilegiar el diálogo, promover un proceso participativo en el que estén representados los taxistas, las Empresas de Redes de Transporte, la sociedad civil, los consumidores y el gobierno", apuntó Cabify en su postura.
La Ley de Movilidad deberá contentar a los más de cien mil usuarios de Uber en Quintana Roo, además de facilitar la entrada de otros servicios como Cabify, quien podría llegar a plantearse la entrada en el estado siempre y cuando la regulación fomente y apoye su modelo de negocio. La innovación de la mano de la legalidad es el mayor reto en la actualidad, pero podría marcar el futuro de los servicios de transporte en uno de los estados más turísticos de México.
